Un espacio integral para prevenirlos ilícitos rurales

El proyecto de ley de Pablo Pinotti recibió media sanción en Diputados que establece lça creación de una mesa donde participen representantes de productores, de gobiernos locales y de la Provincia, entre otros actores. Durante la gestión de Miguel Lifschitz, se constituyó un espacio que sirvió para reformular las estrategias de abordaje de este delito y desde donde se creó un Mapa del Delito Rural compuesto principalmente por los datos brindados por los propios productores
PINOTTIDIPUTADO

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley del diputado Pablo Pinotti a través del cual se crea la "Mesa de Trabajo para el Abordaje Integral del Ilícito Rural de la Provincia de Santa Fe": un espacio de trabajo interinstitucional para la prevención de todas las acciones ilegales relacionadas con la ruralidad.
“Es necesario el diseño de estrategias de política pública basadas en análisis confiables, pertinentes y oportunos sobre el panorama de la ruralidad y sus problernátlcas” fundamentó Pinotti
Asimismo, -resaltó el legislador sunchalense- “el abordaje de los ilícitos rurales requieren de un trabajo permanente del Estado en conjunto con las instituciones intervinientes en el tema a los fines de explorar estrategias adecuadas que den respuesta a este problema”.
La norma establece que la mesa estará constituida por representantes del Gobierno Provincial, del Ministerio Público de la Acusación (MPA); de las diferentes asociaciones rurales de la provincia; de la Legislatura y de los gobiernos locales (intendentes y presidentes comunales)

UNA EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN. CON LOS PRODUCTORES.  EL MAPA DEL DELITO RURAL

En septiembre de 2018, durante la gestión del Ing. Miguel Lifschitz, se puso en marcha la “Mesa de Trabajo para el Abordaje Integral del Delito Rural” que sirvió para comprender y reformular las estrategias de abordaje de este delito mediante la articulación de mecanismos interinstitucionales coordinados y la puesta a disposición de este espacio de los recursos necesarios para profundizar la prevención del abigeato en todo el territorio provincial. 
Este espacio permitió la creación de un Mapa del Delito Rural compuesto principalmente por los datos brindados por los propios productores rurales a través del Registro Único de Producciones Primarias (RUPP). Este padrón se convirtió en una base de datos que empoderó a los productores rurales. Ellos podían denunciar cualquier ilícito rural y, en tiempo real, la policía se enteraba para actuar. A partir de aquí, se creó el mapa del Delito Rural que permitió detectar los lugares donde existía la mayor concentración de hechos ilícitos. Con esta herramienta, la policía pudo disponer para la prevención, trabajar y armar un plan de acción en base a esa información con el objetivo de determinar las prioridades. Ademas, hizo posible actuar en tiempo real a la policía incrementando su capacidad operativa de intervención y acotando el accionar de bandas criminales.

DETALLES DEL PROYECTO

El proyecto del diputado Pinotti -que recibió media este jueves- detalla las funciones de la Mesa. Entre otras, se destacan: asesorar a áreas de los gobiernos provincial y locales en temas vinculados a la prevención del ilícito rural; recomendar políticas públicas y estrategias prioritarias de acción para la prevención del ilícito rural; proponer espacios de capacitación a funcionarios de los gobiernos provincial y locales, fuerzas de seguridad, asociaciones rurales, productores para la puesta en marcha de iniciativas de prevención del ilícito rural; colaborar con información, en acciones de investigación, monitoreo y evaluación del ilícito rural en forma articulada con productores; llevar adelante un registro de buenas prácticas en materia de políticas públicas para la prevención del ilícito rural; 
La norma establece la creación de un Sistema de Información Georreferenciado del Delito Rural con el objeto de generar información confiable con mayor celeridad sobre la situación de los productores rurales, que sirva para el diseño de políticas públicas, para la intervención de las fuerzas de seguridad y la investigación de fiscales.

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